BUENOS AIRES.- Argentina camina a un doloroso default de deuda si sigue resistiéndose a negociar un acuerdo con los acreedores que la demandaron por su cesación de pagos hace más de una década, advirtió hoy una asociación que reúne a los fondos que lideran el reclamo.
La American Task Force Argentina (ATFA) sostuvo en un aviso publicado en los principales diarios del país que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece preferir volver a caer en una cesación de pagos a negociar con los acreedores "holdouts", que obtuvieron un fallo favorable en Nueva York para ser compensados con U$S 1.330 millones más intereses, informó la agencia Reuters.
Argentina tiene hasta el 30 de julio para evitar su segundo default desde el 2002, cuando vence el período de gracia para cancelar los intereses de su bono Discount emitido bajo legislaciones extranjeras. Una cesación de pagos pondría presión sobre una economía ya en recesión y le cerraría las pocas fuentes de financiamiento externas que tiene en momentos en que las reservas internacionales de su Banco Central están estancadas tras caer 30 % el año pasado.
"El tiempo se agota para la Argentina. Tiene hasta fin de este mes para lograr un acuerdo con sus acreedores. Esos acreedores han solicitado en reiteradas ocasiones reunirse con las autoridades argentina, pero estas se niegan", dijo la ATFA.
Contra Kicillof
En la solicitada, los fondos buitre rechazaron palabras del ministro de Economía, Axel Kicillof, respecto de que prefería entrar en default a acordar con los fondos de cobertura que litigan contra la Argentina. "El default no es para nada un juego político, ¿por qué lo contemplaría el señor Kicillof? Las personas más perjudicadas por un default serían los propios argentinos", advierte la AFTA y cita estimaciones realizadas por el economista Claudio Loser, ex directivo argentino del FMI, sobre los perjuicios del default.
Entre esos pronósticos de Loser reseña "aceleración de la inflación", "poco acceso a la financiación para el gobierno, las empresas y las personas individuales", "mayor brecha cambiaria" y "terribles presiones sobre el sector social más vulnerable". En cambio, los fondos buitre sostienen que si se evita el default la Argentina tendría "una baja de hasta U$S 70.000 millones de en los costos de interés en los próximos 10 años"; "ahorros anuales de hasta U$S 825 millones para las provincias argentinas" y de "hasta U$S 2.000 millones para las empresas argentinas".
El juez de la corte del distrito de Manhattan Thomas Griesa bloqueó el pago del bono hasta que Argentina no compense a los fondos de cobertura liderados por NML Capital y Aurelius Capital Management, y designó un mediador para acercar a las partes.
Pero, Argentina ha dicho que no puede cerrar un acuerdo con los "holdouts" este año porque una cláusula incluida en las reestructuraciones de deuda que realizó en el 2005 y el 2010, que vence a fines de diciembre, le impide ofrecerles mejores términos que a los bonistas que participaron de esas operaciones. Autoridades argentinas se reunieron dos veces la semana pasada con el mediador en Nueva York.